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Obra pública en Tamaulipas sin Marco jurídico para evitar corrupción.

Viernes 22 de junio de 2018/Efraín Klerigan

Victoria, TAMAULIPAS. – La inclusión hace más de 20 años de colegios y cámaras empresariales en los comités estatal y municipales de Obra Pública no sólo es un conflicto de interés sino quita las posibilidades de transparencia total en la adjudicación de contratos, considera un estudio del IMCO o Instituto Mexicano para la Competitividad.

“La ley de obra no cuenta con reglamento, lo que provoca una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas”, señala el estudio “Índice Legal de Obra Pública (ILOP) Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal”.

Una revisión al acervo de leyes y reglamentos de Tamaulipas, reveló que solamente el Poder Judicial tienen una Reglamento de Obra Pública, al que deben ajustarse los distintos órganos de dicho fuero “para la regulación, integración, estructura, funcionamiento y operación del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado”, dice el Reglamento aprobado en mayo de 2015.

En un análisis realizado a las 15 entidades con mayor impacto en el Producto Interno Bruto a lo largo de 2016, el IMCO consideró que ninguna de estas entidades cumple con: “Realizar investigación de mercado previo al concurso. Incorporar prácticas que fomenten la competencia. Contener excepciones razonables a la licitación pública.

Tampoco con: “Permitir modificaciones al contrato solo por debajo del 10 por ciento. Digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra y finalmente, “conservar la información por lo menos ocho años”, señaló IMCO.

En la revisión Tamaulipas ocupó el lugar 13 de las 15 entidades revisada, con solamente un 30 por ciento de los pasos, leyes, reglamentos y requisitos de transparencia para pensar que cumplió.

En los últimos 12 ejercicios fiscales, las revisiones de la Cuenta Púbica por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivaron en más de 100 solicitudes a la Contraloría Gubernamental y a la Auditoría Superior del Estado, para que iniciaran procesos sancionatorios por presuntos daños a la Hacienda Pública, en contra de más de 150 funcionarios, pero no se realizaron dichos procedimiento

Las cuentas públicas ya auditadas y calificadas, la 2015 y 2016 hay 53 solicitudes para que la Contraloría Gubernamental aclare la aplicación, investigue si hubo desvíos y sanciones a funcionarios por posibles daños al erario por mil 496 millones de pesos

A la fecha no se sabe que funcionarios hayan sido procesados penalmente, quiénes fueron los funcionarios a los que se les instruyeron procesos administrativos, y el porqué los jefes de cada una de las dependencias y los presidentes municipales, jamás han recibido siquiera una amonestación pública por daños superiores a los que en el mismo periodo se ha invertido.

En los resultados de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2016 la Auditoría Superior de la Federación el órgano fiscalizador federal está exigiendo recuperaciones a la hacienda pública federal de otros cuatro mil 164 millones de pesos, por desvíos, aplicación indebida de fondos, daños al erario y subejercicios.

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