Hybris o los pendejos del gobierno

Opinión

¿Sabrá que al bajarse su salario a 108 mil pesos, ningún funcionario podría ganar más de 54 mil pesos?

Lunes 16 de julio de 2018/Efraín Klerigan/MXpress. –Allá por marzo de 2011 en una reunión con el entonces flamante gobernador no electo de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, relató una reunión con integrantes del Club de Golf de Victoria, amigo suyos, quienes se arrancaron en su contra con reclamos y solicitudes y, entonces cayó en cuenta que: “Ahora nosotros somos los pendejos del Gobierno”.

Si Torre Cantú tuvo que pasar en unos días de contratista y hermano incómodo a candidato ganador de las elecciones en cuya boleta aún estaba su hermano, arteramente asesinado por un operativo paramilitar, Andrés Manuel López Obrador y su equipo vaya que ha tenido tiempo para enterarse que ahora ellos son los del Gobierno.

No solamente son los posicionamientos como declararse a favor de un candidato de su partido, cuando ya tendría que ser neutral, sino también las declaraciones febriles de que no necesita seguridad, puede viajar en vuelos comerciales, y ningún funcionario público podrá ganar más que él.

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Lo que pasa ahora se llama complejo de Hybris, fue descrito hace años por David Owen, quien fue ministro de Asuntos Exteriores británico y le llamó la  “Enfermedad del poder”, y se describe como una patología de quien una vez conquistado el poder siente que lo puede todo y tiene la facultad de transgredir todas las normas y espacios.

Si esas declaraciones como las de “no puede haber pueblo pobre con gobierno rico”, son impactantes en campaña, o bien, las promesas como vender el avión presidencial que ni siquiera se ha terminado de pagar o las de poner a “consulta popular” si se siguen las obras de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde ya hay invertidos 180 mil  millones pesos de inversión pública que se perdería, si eso funciona para jalar votos, ya en blanco y negro rayan en la ilegalidad para un gobierno.

“Desparecer el Estado Mayor”, además de poner en riesgo a su persona que ya no es la del candidato presidencial eterno sino la del presunto Jefe de La Nación,  también es poner en riesgo la estabilidad política y económica, y por tanto, un acto de extrema irresponsabilidad, un acto que lo hacía lucir muy chicho como candidato, pero lo hace lucir muy torpe como presidente.

¿Ha pensado López o su equipo lo que sería llegar a la sala de espera de Aeroméxico o peor la de Aeromar, Viva Aerobús u otra línea para realizar un vuelo? ¿Alguien le ha dicho que su visita a algunos destinos solamente tiene vuelos hacia Ciudad de México y a veces solamente uno o dos por día? Aquí no hay irresponsabilidad sino un total desconocimiento del derecho de las personas que pueden quedar prensadas al viajar con un candidato y las que tienen que viajar con el Presidente de la Republica.

O bien, si le toca volar en una de esas líneas de bajo precio, y compró su boleto con un mes de anticipación y el mero día del vuelo le dicen que, los treinta y tantos asientos ya están ocupado y que se espere hasta mañana o se espera… Seguro le va a encantar.

Me pregunto si en el costeo de cuánto cuesta (Perdón por la redundancia) reubicar una dependencia de tamaño medio  tiene ya el estudio o la suma o anotaron que además del Decreto Presidencial hay que dar viáticos, ayuda para casa, para educación, a las miles de personas que se deberán mudar con todo y familia.

¿Y ya tienen calculado el efecto inflacionario en los mercados de vivienda y de alimentos, y el problema de cupos escolares e instalaciones hospitalaria, al menos? Pues esto los llevaría a inversiones extraordinarias.

Para pronto, una obra publica no puede ser objeto de consulta popular, a menos que antes se reforme la Constitución y se zanjen los juicios de Amparo que vendrán.

El Artículo 40 de la Constitución dice que no podrán ser actos susceptibles de consulta popular entre muchos otros: “los ingresos y gastos del Estado”. Es decir, no se puede consultar si una obra ya en curso, con dinero gastado, puede seguirse o se anula y, en último caso, si se consulta, no es válido el resultado.

Para remover al Estado Mayor Presidencial, donde hay soldados, marinos y aviadores que son empleados de carrera en ese cuerpo, se necesitará la aprobación del Senado, pero sobre todo, la aprobación de las Fuerzas Armadas Permanentes, que sentirán con disgusto que de pronto les traigan oficiales de alto rango a competir por menos cargos.

El Estado Mayor Presidencia nació tras la Revolución en  1920, pero se estableció legalmente en 1926 junto con con el Ejército Nacional, que poco después se llamó Ejército Mexicano. Disolver el Estado Mayor por tanto es actuar contra la historia misma de las fuerzas armadas.EMP-semblanza-4.jpeg

Hasta la fecha ningún presidente del México posrevolucionario ha sido tan torpe de ponerse en contra de las fuerzas armadas, por aquello de finalmente son las que tienen el chirrión por el palito.

Para bajar los salarios tendría que reformar el Artículo 127 constitucional, es decir, no es nada más llegar a Palacio y echar un discurso y firmar los recortes y despidos.

El  127 de la Constitución dice que; “Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

Pero además dice que el salario máximo que pueden obtener “no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, es decir, que si el Presidente de la República ganara 108 mil pesos, ningún burócrata podrá tener, entre sueldos, bonos, tiempo extra o varios empleos públicos, más de 54 mil pesos de sueldo.

Otras maniobras como la de quitar delegaso y sustituirla por virreyes o procónsules requieren sólo de un decreto presidencial, peor también son impugnables, aunque en este caso, decir que se arma una dictadura, no es ni descabellado ni fantasioso.