Lunes 13 de agosto de 2018/Efraín Klerigan/MXpress. -El juez del Decimocuarto Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar nuevas investigaciones de “la cadena de mando” que habría autorizado la presunta ejecución extrajudicial de 22 delincuentes en Tlatlaya.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Pro) Pro dijo que la sentencia obliga a realizar diligencias que debieron haberse llevado a cabo, porque fueron ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.

El 30 de junio de 2014, perdieron la vida 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, recordó el Centro Pro.

La Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería, añaden en un comunicado.

El Centro Pro afirma que el testimonio de la testigo Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revelaron que un número no determinado de estas muertes podría haber sido resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.

Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juezZabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.

Tltalaya2.jpgLa PGR inició en 2014 la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014 y acusó a militares por el homicidio de ochos civiles y encubrimiento, pero fueron liberados en mayo de 2016 por la falta de pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados

El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos. La PGR impugnó la decisión, que fue ratificada el mes pasado.

Hasta la fecha la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.

El Gobierno de México ha sido criticado por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, por el excesivo actuar de algunos cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico, así como por la colusión de algunos efectivos con el crimen organizado.

En 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia, pero meses más tarde medios reportaron que había evidencia de que los civiles fueron asesinados cuando ya se habían rendido.