Ir a la barra de herramientas
Importante

Anticonstitucional y anodina consulta del NAIM

Domingo 19 de agosto de 2018/Efraín Klerigan/MXpress. –La consulta sobre el lugar donde se debe construir el Nuevo Aeropuerto de México requerirá primero reformar el Articulo 35 de la Constitución, porque a la fecha una obra o el uso del dinero o los ingresos y egresos de la federación no pueden ir a consulta popular.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes 17 que antes de asumir su mandato el próximo diciembre sometería a una consulta popular la continuidad o la cancelación de un nuevo aeropuerto cuya construcción está valorada 13 mil millones de d´polares de los cuales  casi cinco mil ya han sido invertidos.Avance.JPG

“Al final de octubre aplicamos una consulta y van a ser todos los ciudadanos los que van a decidir… y ese resultado es el que se va a tomar en cuenta, es decir va a ser una consulta vinculatoria», dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Aunque se pueda realizar la consulta, ésta no sería vinculante para el Poder Ejecutivo, por lo tanto los inversionistas, empresas o trabajadores afectados podrán demandar al Ejecutivo Federal por las pérdidas que les ocasiones la interrupción del proyecto, pidiendo daños e indemnizaciones.

Aunque  Javier Jiménez Espriú aceptó que parar la obra costaría al menos 100 mil millones de pesos en indemnizaciones, el pariente de socios de la brasileña Odebrecht y futuro Secretario de Comunicaciones de López Obrador, se quedó corto.

Para que la “consulta” fuera vinculante y legal, primero deberá reformarse la constitución debido a que este tipo de consulta solamente puede realizarse el día de una elección federal y la siguiente es en el 2021,  y no se pueden consultar cuestiones de egresos e ingresos, por lo que los resultados de la consulta solamente tendrán efectos publicitarios, y el gato de realizarla será muy grande.

 

¿Qué dice la Constitución sobre las consultas populares?

 1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

  1. a) El Presidente de la República;
  2. b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
  3. c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1° de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución;

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción

A %d blogueros les gusta esto: