Skip to toolbar
Importante

Le sale el “…. por la tirata” a la austeridad republicana

No pueden encontrar gente que quiera trabajar por cacahuates en empleos de muy alta responsabilidad y con conocimientos técnicos de alto nivel

Viernes 28 de septiembre de 2018/Efraín Klerigan/MXpress. -Además de que casi 200 funcionarios del Banco de México que ganan salarios superiores a los 108 mil pesos ya están buscando prejubilaciones y acuerdos de retiro voluntario, la nueva administración no puede encontrar profesionales que reúnan los requisitos para puestos clave en las Secretarías de Hacienda, Energía y en varios organismos públicos autónomos.

No solamente se trata de encontrar espontáneos que quieran hacerla de director general en la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, aunque sea por la tercera o cuarta parte del salario actual, sino que cumplan con las calificaciones del cargo que exige la Ley Orgánica de la Administración Pública y los reglamentos de las secretarías.

La tormenta se cierne, en organismos públicos independientes como el INE, el INEE, el INEGI; el INAI, el INAH, las comisiones nacionales de Hidrocarburos,  la Reguladora de Energía, la Federal de Competencia, los tribunales Agrario y Administrativo, hay funcionarios de carrera que ganaron su empleo por oposición y tienen contratos con salarios altos, y ahora están dispuestos a ampararse o demandar el despido injustificado.

El chiste de la austeridad le costará al erario más de 500 mil millones de pesos, pues muchos tienen hasta 20 años o más en esos cargos, además que no solamente se irían los jefes que ganan más de 108 mil pesos, también sus subalternos que no quieren tener a un idiota dirigiéndolos.

Por lo pronto en el Inegi ya le dieron la primera patada a la Austeridad Republicana aumentando todos los salarios 6.5 por ciento, y con los beneficios combinados para el presidente del Inegi llegará a 198 mil 200 mensuales mientras hay una docena de directores entre los 120 y los 172 mil pesos al mes.

Conseguir actuarios que quieran trabajar por salarios paupérrimos, solamente porque lo pide el Preesidente, no parece muy posible, cuando en la IP o en las universidades pueden ganar mucho más.

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron con porras y celebraciones, hace una semana, una Ley de Remuneraciones que olvidó reformar también el artículo 127 de la Constitución, por lo que ahora cualquier funcionario inferior al Presidente de la República que gane más de 54 mil pesos, puede ser impugnado y sancionado quien haya autorizado el salario.

El 127 de la Constitución no solamente dice que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente, sino que nadie puede ganar más de la mitad de lo que gana el Presidente y además, ningún empleado puede ganar más que su superior jerarquico.

Cargos como Oficial Mayor de Hacienda, Tesorero General de la Federación, Procurador Fiscal, las direcciones generales de Análisis de la Productividad, y de Política y Proyectos de Productividad; de Asuntos Normativos e Internacionales, de Análisis; de Procesos Legales; de Infraestructura y Teconología; de Planeación Económica de la Hacienda Pública; de Finanzas Públicas; de Estadística de la Hacienda Pública; de Análisis de Políticas Públicas; de Deuda Pública; de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento, requieren algo más que un título universitario.

Por ejemplo, el subsecretario Gerardo Esquivel ha confesado a medios de Ciudad de México que no encuentra a ningún economista con experiencia para las dos direcciones general de la Unidad de Banca de Desarrollo, porque los que tienen la experiencia y el nivel pueden ganar mucho más de 108 mil pesos en la iniciativa privada, y los que aplicarían por menos, simple y sencillamente no tienen la capacidad para manejar carteras de cientos de miles de millones de pesos.

Y NI QUITARLES LOS GASTOS MÉDICOS

El 14 de agosto pasado Mario di Constanzo, presidente de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, dijo que al quitar el seguro, Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issste) recibiría de inmediato una carga de más de 900 mil derechohabientes.

En un estudio de demostró a López Obrador que se tendría que gastar más de dos mil 700 millones de pesos en darle Issste a los funcionarios públicos, y al mandarlos al Issste no aumentaría las cuotas, pues los actuales funcionarios ya las pagan, además de todos los aumentos que hagan a su seguro básico de gastos médicos.

“No habrá ahorro para el gobierno, por el contrario, el Issste requerirá un mayor presupuesto para atender el incremento en la demanda de servicios de salud”, señala Di Constanzo.

%d bloggers like this: