Diciembre 8 de diciembre de 20 18/Efraín Klériga/MXpress. -La deuda que se derivaría de la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que intenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) derivada de la decisión unilateral del presidente Andrés López Obrador, de cancelar ese proyecto, resultaría una deuda publica ilegal.

Rescatar bonos que un organismo no gubernamental, Grupo Aeroportuario Mexicano, emitió sobre una obra adjudicada a privados en un predio de la Nación, lo que significaría convertir una deuda privada en publica.

Ahora que se podría abrogar el fueron constitucional y se podría elevar a rango constitucional y delito grave la corrupción y el peculado, el presidente López podría ser acusado y sometido de inmediato a prisión preventiva.

Además de la recompra de bonos, las indemnizaciones a contratistas, hay un quebranto en el NAIM derivado de la cancelación y que obedece a los 60 mil millones de dinero público recibido por el proyecto, más las indemnizaciones a los contratistas y las recompras de bonos, que dan un total de 270 mil millones de pesos

Aunque la recompra de bonos es una operación para volver a comprar los papeles de deuda adquiridos por inversionistas no es ilegal, sí lo es cuando el quebranto no proviene de causas fortuitas sino de una decisión personal del presidente de cancelar el proyecto, sin argumentos de beneficio económico para el país y esto configura una causa no contemplada por la Ley General de Deuda Pública para adquirir pasivos públicos

Si se abroga el fuero presidencial y se aprueba que la corrupción sea delito grave, el Presidente podría recibir prisión preventiva al decidir el Ministerio Público que los delitos podrían existir por ocasionar deliberadamente un quebranto en las finanzas publicas.

Esta Ley General de Deuda Publica fue ajustada tras la absorción de un billón de pesos de deuda en Fobaproa por el IPAB, en 1998, con la finalidad de impedir que este tipo de acciones volvieran a ocurrir.

El párrafo 5 del Artículo 4 de la Ley citada, faculta a la SHCP que para “contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales (…)  siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.

Según la SHCP la recompra de los Bonos del Naim convertidos casi en bonos basura, es para recuperar esa confianza de los inversionistas, y por ello, el gobierno decide emitir una oferta de recompra de esos bonos, pero a un precio mayor al que cotiza actualmente.

Esta acción es legalmente permitida y sirve fundamentalmente para generar confianza entre los inversionistas que tienen esos bonos en sus manos, pero no se posible convertirla en deuda publica sino que el dinero debe derivarse de otro proyecto productivo o del gasto presupuestal del Gobierno Federal.

En diciembre de 1998 la mayoría priista logra sacar adelante el convertir el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) un fondo de contingencia creado en 1990 en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) un sistema presuntamente de protección bancaria para los ahorradores, pero que inicia absorbiendo la deuda del Fobaproa.

La deuda del Fobaproa era una deuda que entidades privadas y personas físicas tenían con la banca mexicana, generada sobre todo de los quebrantos financieros y la devaluación que impactó la economía mexicana tras los llamados “errores de diciembre”.

A las deudas derivadas de la cancelación del NAIM se suma el quebranto que provendrá de vender como saldo la flota aérea presidencial, que arrojará pérididas por unos 150 millones de pesos y que hasta el momento se desincorporan sin el aval del Poder Legisativo.

Los “errores de diciembre” fue un intento infructuoso del gobierno priista de Ernesto Zedillo, para operar una devaluación acordada de la moneda mexicana, en cuya operación hubo filtraciones de grupos que se adelantaron a la compra de dólares aumentando la caída inmediata del pesos mexicano, lo que luego provocó un efecto dominó, conocido internacionalmente como “efecto tequila”, que ocasionó una crisis internacional y un golpe al crecimiento de México de menos siete puntos porcentuales en 1995.

La principal objeción de los partidos de oposición en 1998, especialmente del entonces dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Andrés López Obrador, para no aprobar el IPAB o la absorción de la deuda del Fobaproa, es que se trataba de rescatar la deuda de privados convirtiéndola en deuda pública, es decir, la deuda de unos en deuda de todos.

En octubre de 2017, todavía como candidato el presidente López, dijo en un vídeo que el Fobaproa “fue un saqueo al erario en el sexenio del priista Ernesto Zedillo, porque convirtió deuda privada en deuda pública” dijo y agrego:” “no se puede atracar de esa manera el erario público, no se puede permitir esa impunidad”.