Venezuela no tendrá presidente legal a partir del 10 de enero

PANAMPOST
Es urgente que el Parlamento asuma su responsabilidad y designe una alternativa que quiebre el disminuido deber de obediencia que aún posee Maduro y, de esa manera, pueda tutelar la verdadera transición hacia la libertad en Venezuela
El 10 de enero vence el mandato legal de Nicolás Maduro en Venezuela. El dictador fue electo a través de elecciones fraudulentas, plagadas de vicios, en 2013. El Consejo Nacional Electoral chavista reportó finalmente que Maduro obtuvo un mayor número de votos, incluso que el propio Hugo Chávez en sus últimas elecciones.
Ese mandato electoral fue, inesperadamente, reconocido por el entonces líder de la oposición y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, lo que obligó a la comunidad internacional a reconocer, a su vez, la legalidad del «triunfo» de Maduro, aún frente a las evidencias fehacientes de un fraude.
Este año, 2018, Maduro organizó un nuevo proceso electoral, esta vez boicoteado por la oposición luego de que el régimen chavista inhabilitara y encarcelara a las principales figuras de la disidencia que podrían fácilmente ganarle en unos comicios libres.
Ese proceso electoral ha sido desconocido por la comunidad internacional. Más de 50 países han expresado formalmente el desconocimiento a la supuesta reelección de Nicolás Maduro. Y, además, han expresado que no lo reconocerán como legítimo presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019.
Hoy, honorables venezolanos —incluyendo a la líder de la oposición, María Corina Machado; personas defensoras de la legitimidad democrática a nivel internacional, como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria; el abogado y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar; el abogado y visiting fellow en Harvard, José I. Hernández; el dirigente y reconocido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; y el secretario general de la OEA, el intachable Luis Almagro—, han alzado su voz para exigir que la Asamblea Nacional de Venezuela, electa en los últimos comicios libres, llene el vacío del ejecutivo que, por la ausencia de legitimidad, ha dejado el dictador Nicolás Maduro.
Maduro ha intentado por todos los medios clausurar la Asamblea Nacional. Para esos efectos se inventó la espuria Asamblea Nacional Constituyente, repleta de los más sumisos acólitos del régimen. Hasta ahora no lo ha logrado. Es hora de que la Asamblea no solo defienda la legalidad, sino defienda su propia existencia, por ser el último vestigio republicano en Venezuela.
Se trata, precisamente, de que el Parlamento, la principal institución democrática remanente —aún denostada, menguada y minada desde adentro, por algunos de sus mismos diputados— se subordine al proceso que corresponde y designe a un presidente —o Gobierno de transición, junta de Gobierno o la entidad que más convenga— para edificarse como alternativa legítima, sensata y urgente, al régimen tiránico de Maduro.
Ello alzaría una nueva plataforma, inédita, que se vuelva óbice para la necesidad del régimen chavista de obtener alguna legitimidad internacional, sobre todo luego del 10 de enero, fecha en la que se pretende juramentar Maduro como presidente.

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