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Ilegal que Sedena construya y opere aeropuerto civil en Santa Lucía

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El Presidente López ha cometido otro delito más al adjudicar la obra a la Sedena, sin permiso escrito de la SCT y sin concursar la obra.

11 de febrero de 2019/Efraín Klériga/MXpress. – Es ilegal que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya sin permiso legal y posteriormente quede a cargo de la operación de un aeropuerto civil, porque para ambas acciones debió haberse modificado la Constitción, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Aviación civil y los reglamentos que derivan de dichos ordenamientos.

De operar la Fuerza Aérea Mexicana un aeropuerto civil, además de haberse construido sin cumplir con los permisos relativos, el Presidente de la República, Andrés López Obrador y los titulares de la Sedena y la FAM habrán cometido varios delitos de los funcionarios públicos y configurado el delito de coalición de funcionarios.

La Ley Orgánica de la Administración Publica que regula el Artículo 90 de la Constitución, señala que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “ Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación”.

Debido a que las dos pistas que se construyen en la Base Aérea de Santa Lucía serán para vuelos comerciales, para poderlas comenzar a construir se debió haber contado con permiso expreso de la SCT, además de que la obra debió haber sido concursada antes de ser adjudicada a la Sdene

“Artículo 7. La Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los comandantes regionales y los comandantes de aeropuerto”, señala la Ley de Aviación Civil.

Además, Artículo 9 de la Ley de Aciación dice que se “requiere de concesión que otorgue la Secretaría para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular.

“Los interesados en la obtención de concesiones deberán acreditar: (…) La capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y precio;”

Pero además de las responsabilidades penales en las que habrían incurrido los funcionario, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si no se sigue el procedimiento que debería haber iniciado con el permiso de la SCT, la licitación y la adjudicación de los contratos, los  “actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente”

Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

(…)

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;
V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;
VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;

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