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Tapan “procuradores carnales” denuncias por fraude fiscal contra López

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Alejandro Gertz Manero, Fiscal federal y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, no han realizado las diligencias obligadas para deslindar las responsabilidades de López y su esposa, por presuntos delitos fiscales.

12 de febrero de 2019/Efraín Klériga/MXpress. – Aunque se asegura que Alejandro Gertz Manero no es “fiscal carnal” del presidente Andrés López Obrador, resulta que él y el Procurador Fiscal, no han atendido dos acusaciones por fraude fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero que, sendos abogados han incoado, contra el ductor de la “Cuarta Transformación”.

Aunque son denuncias que se persiguen de oficio, la realidad es que Gertz Manero está hace años en el equipo de López Obrador, mientras Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, se sumó a la campaña de López, luego de que fue inhabilitado en 2018 por la PGR por filtrar información de  una presunta averiguación previa a la prensa.

Los fiscalistas, Alejandro Ponce Rivera y Gabriel Ortiz Gómez presentaron hace poco más de 10 meses sendas acusaciones por defraudación fiscal y lavado de dinero, mientras que el 12 de junio de 2018, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortó dar seguimiento e informar sobre el estado que guardan las dos denuncias de los abogados.

Ponce Rivera argumenta es que López Obrador obtiene recursos pero al no hacer uso de las instituciones del sistema financiero mexicano, evita el pago de impuestos, particularmente el Impuesto sobre la Renta, ha incurrido en varios delitos fiscales.

«El ahora denunciado podría haber incurrido en la probable comisión del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita»

Ortiz Gómez, en su denuncia del 15 de abril de 2018, afirma en su denuncia que López solamente ha presentado tres declaraciones fiscales anuales, «2013 que está en ceros, 2014 con un saldo a favor de 22 mil pesos, 2015 con un saldo a favor de 700 y tantos pesos».

El mismo López Obrador ha manifestado que tenía un salario de 50 mil pesos mensuales que le otorgaba la fundación Honestidad Valiente, la cual a su vez obtenía recursos al terciar en contratos de compras del Gobierno del Distrito federal durante la administración de Marcelo Ebrard, y no se sabe que dicha Asociación Civil haya presentado declaraciones anuales.

Igualmente el ahora presidente de la Cuarta Transformación, manifestó diversas veces que tenía ingresos de conferencias y de regalías de sus libros, pero estos ingresos no aparecen en sus declaraciones fiscales hechas publicas por él mismo.

Según un Punto de Acuerdo del Congreso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la denuncia se afirma que la esposa de López Obrador desde 2010 ha adquirido diversos inmuebles en la Ciudad de México y en el estado de Puebla que no habían sido reportados en las declaraciones patrimoniales de López Obrador hasta mayo del año pasado.

Estas mismas propiedades que ya se han declarado, al igual que el Rancho La Chingada, han sido subvaluados o se ha inventado que son herencias o bien que ya no son propiedad del Presidente, como ocurrió recientemente con la casa de Tlalpan, que manifestó en 2.8 millones cuando su valor de remate serían seis millones.

“(Se) exhorta a la Procuraduría General de la República a dar seguimiento e informar a esta Soberanía sobre el estado que guardan las dos denuncias interpuestas ante dicha dependencia los pasados días 15 de abril y 20 de mayo, en contra de Andrés Manuel López Obrador por los presumibles delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”, dice el Punto de Acuerdo para el cual aún no hay respuesta.

López y sus huestes han calificado de “tinterillos y abogados huizacheros” Ortiz Gómez y Ponce Rivera, ambos son abogados expertos en la materia,  con mucho prestigio en el medio legal , autores de varias obras y conferenciantes, y sus acusaciones no podrían ser ignoradas por una fiscalía o por una Procuraduría Fiscal, que se precie de honesta y profesional, debido a que están debidamente fundadas y motivadas y este tipo de acusaciones deben perseguirse de oficio

Ortiz Gómez fue presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, presidió la Comisión Fiscal de Coparmex, coautor de: “Estudio de la Reforma Fiscal” (1985, 1986, 1987 y 1988), “Transfer Pricing – México”, publicado por el International Bureau of Fiscal Documentation (1995), “Tratados Internacionales en Materia Fiscal”, publicado por Editorial Themis en 1998 y 2000, y “Tratados Internacionales Comerciales en Materia Aduanera”, publicado por esta última en 1998 y 2003.

Ponce Rivera es licenciado en Derecho por la UNAM, Director de una firma prestigiada de abogados, lleva cuatro décadas dedicado al Derecho Fiscal, es autor de cuatro libros, ha publicado más de 30 textos  en Ediciones Fiscales ISEF, es especialista en derecho penal, Creador y Pionero del concepto “Nueva Defensa Fiscal”,  y experto en la detección, prevención, y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales y ue Abogado Dictaminador, Jefe de Grupo y Subjefe de Departamento en la SHCP ,  Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del antes H. Tribunal Fiscal de la Federación (de 1982 a 1984) y subdirector de Juicios Fiscales Federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal (en 1984 y 1985)

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