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Importante

Voceros de Presidencia hacen publicidad electoral ilegal

 

  • INE y Fedape aplauden promoción oficial diaria en entidades con elecciones
  • Voceros de López Obrador podrían alcanzar 11 años de prisión
  • Funcionarios electorales y de partidos podrían alcanzar hasta 7 años de prisión

29 de abril de 2019/Efraín Klériga/MXpress. –  Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés López Obrador y, Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radio y Televisión, violan diariamente la Constitución y la legislación electoral federal al permitir que en estados donde hay actualmente procesos electorales, se sigan trasmitiendo las conferencias mañaneras del Presidente.

Pero no solamente estos funcionarios, sino también los titulares de los órganos electorales federal y estatal, y de las dirigencias de los partidos políticos, en lo que configura el delito de “coalición de servidores públicos”, pues se coaligan, voluntariamente o por omisión, para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución y todos ellos podrían alcanzar, sólo por este delito, hasta siete años de prisión.

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En estas conferencias mañaneras se hacen anuncios de obras de gobierno, de entrega de programas sociales, se expresan críticas a otros partidos e insinuaciones a favor de Morena lo que es contario al segundo párrafo del Apartado C del Artículo 42 constitucional

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”.

La Constitución dice que las únicas excepciones a dicho mandato son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

En los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas hay elecciones ordinarias, en Baja California, elecciones generales para Gobernador, congreso y ayuntamientos y, en Puebla, elecciones extraordinarias para Gobernador y para cinco ayuntamientos.

Además de la inmoralidad del presidente López de haberse hecho retratar en un desayuno con el candidato de Morena a Gobernador de Baja California, en todas las entidades señaladas se trasmiten en canales de televisión abierta y en servicios de televisión restringida las conferencias presidenciales.

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La Fiscalía Electoral señala en su pagina web que un delito electoral son «aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible»

Y señalan que para funcionarios públicos es delito que «destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado»

Para los funcionarios a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales en las entidades mencionadas, es delito que «se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral».

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Otros delitos de las “mañaneras”

“Las conferencias matutinas del presidente López Obrador se han convertido en una especie de tribunal de la Santa Inquisición, en el cual, después del juicio sumarísimo emitido por él, prestigios y famas son enviados a la hoguera de la opinión pública, de los medios impresos y electrónicos y a las redes sociales sin posibilidad alguna de defensa”, dice la diputada federal, Dulce María Sauri Riancho.

La también exgobernadora de Yucatán y exdirigente nacional del PRI, dice que: “Adicionalmente, hemos presenciado cómo, sin mediar resolución administrativa alguna, se impide la participación de empresas farmacéuticas en las licitaciones gubernamentales. El presidente lo anunció, sin que la Secretaría responsable, Función Pública, haya realizado pronunciamiento alguno. Una de las empresas aludidas obtuvo un amparo.

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“Hemos asistido también a develación de informes de avances de investigación que deberían conservarse en la secrecía de la integración de un expediente, más cuando presumiblemente todos somos inocentes hasta que la autoridad judicial no dictamine lo contrario.

“Si un servidor de la Fiscalía General de la República cae en la infidencia de dar a conocer parte de una carpeta de investigación, comete el delito contra la administración de justicia. Si lo hace el presidente de la República en sus conferencias matutinas, legalmente no pasa absolutamente nada”, señala Sauri Riancho.

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