Amnistía sin reformar leyes, es populismo

18 de septiembre de 2019/E. Klerigan/MXpress. – La Ley de Amnistía enviada al Congreso es un simple acto populista, semejante a abrir las rejas de la cárcel para dejar salir infractores, porque carece de trascendencia jurídica mientras no se reformen las leyes federales y locales, para impedir que otras personas vuelvan a ser procesadas por las mismas faltas sobre las que se otorga el perdón.

Mientras la Amnistía considera liberar a militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por delitos de sedición y optros ilícitos asociados, López Obrador ni pide reformar la ley para modificar las causales de este delito y sí aprobó la legislación del estado de Tabasco que convirtió en sedición protestar contra obras publicas federales o bloquear carreteras.

El pasado 15 de septiembre, en un acto grandilocuente con el que comparó su amnistía con la acción del libertador Miguel Hidalgo y Costilla, cuando abrió la cárcel en Dolores, Hidalgo, para dejar salir a los reos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para extinguir toda acción penal contra mujeres criminalizadas por suspender un embarazo y las personas que de buena fe la hubieran ayudado.

Las críticas a la Amnistía de López es que se trata de un acto único que no promueve una mejoría al sistema de justicia de México, ni pide analizar y modificar en su casos los delitos por los cuales se otorgaría la amnistía, de manera que en el futuro otras personas podrían ser encarceladas por las mismas causas.

Si tuviéramos un sistema de justicia que funcionara medianamente, no sería gente que estuviera purgando penas en las cárceles”, dijo la activista María Amparo Casar en el programa de Radio Fórmula de José Cárdenas.

La mitad de la población carcelaria en México está metida ahí por penas que conllevan un delito menor a los cinco mil pesos”, añadió Casar.

La Amnistía propuesta por López no es la primera ley de su tipo que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión, el 22 de enero de 1994 se publicó una Amnistía promovida por el presidente Carlos Salinas de Gortari, para otodas las personas en contra de quienes se ejercitó acción penal “por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos” en varios municipios del Estado de Chiapas sólo del 1 al 20 de enero de 1994.

Según el artículo 92 del Código Penal federal, la amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley de amnistía que lo conceda, pero no deroga o modifica la ley para que ya no se sancionen en el futuro, con las mismas penas, los delitos cometidos.

La amnistía se otorga a mujeres y médicos o parteras procesados por aborto; también liberaría a indígenas presos porque no tuvieron una adecuada defensa, a procesados por sedición; a inculpados por posesión de hasta dos veces las cantidades de droga permitida, y a quienes realizaron encomendero forzados por delincuentes u otras personas.

La Amnistía enviada por López no incluye reformar los 33 códigos penales, de la federación y las entidades, para despenalizar la interrupción del embarazo para la mujer, el personal médico o las parteras que las ayuden.

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Tampoco modifica la ley para ampliar la posesión de droga, ni para atenuar el delito de narcomenudeo, cuando este sea cometido por personas que realizaron esta actividad cuando estaban amenazadas en su integridad física, la de sus familiares o de sus posesiones.

En México en los últimos cinco años más de cuatro mil personas han sido acusadas y procesadas por practicar la interrupción del embarazo y aunque a partir 2014, el delito de aborto en México se clasifica como no grave, tiene consideradas penas de hasta seis años en Sonora, cinco años en el Código Federal, en Baja california, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas.

La iniciativa de amnistía de López no pide, por ejemplo, reforma el artículo 130 del Código Penal Federal para que deje de ser delito o haya exclusiones en algunos casos de personas que “dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición”.

Tampoco modifica el Código Penal en los delitos de narcomenudeo ni pide que haya penas para los jueces y agentes del ministerio público que procesen a indígenas sin la presencia de una traductor o de una persona que les explique las razones de su acusación y sin que tengan derecho a un abogado.

Igualmente no pide modificar la ley para que el delito de robo menor cometido por causas de hambre o necesidad económica, o de bienes o cantidades menores, dejen de sancionarse con penas descomunales y no se obligue en estos casos a penas como trabajo comunitario y o reparación del daño.

Le PRI, aseguró la senadora y exdirigente del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, no apoyaría la iniciativa de López tal y como fue presentada y consideró que requiere ser modificada para que deje de ser un acto de populismo jurídico.

Acción Nacional, tampoco apoyara la Amnistía, a menos que consideran que es un mal mensaje, “si robas puedes salir a la calle”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y además no se define “cuál será el modelo ¿simplemente saldrán, hay algún proceso de readaptación social, o ellos serán los que nuevamente esté robando?”.

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