Presiona López Obrador  a jueces por amparos contra Santa Lucía.

11 de octubre de 2019/Efraín Klériga/MXpress. – Los magistrados encargados de resolver los amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía son presionados por el Gobierno Federal para que levanten todas las órdenes de suspensión concedidas.

El mismo Consejo de la Judicatura que aceptó con los ojos cerrados la renuncia del ministro Eduardo medina Mora, ha sido acusado de presionar a jueces y magistrados que analizan los más de 600 jucios de Amparo individuales.

Uno de ellos, el  magistrado Jorge Camero Ocampo, incluso fue acusado de corrupción y suspendido por la Judicatura de la Federación, luego de que votó en contra de levantar la suspensión del pequeño aeropuerto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta sustituir al que hubiera sido el principal puerto aéreo de Lationamérica.

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien unas horas antes en un programa de TV conducido por dos incondicionales de López, denunció que en tiempos de Calderón fue “presionado”,  anunció la separación del magistrado  del Primer Circuito de quien solamente dijo que tenía  “inconsistencias graves” en su situación financiera, aunque no dijo cuáles ni cuántas.

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Un comunicado de la Confederación Patronal de la República Mexicana, coincide con el Colectivo No Más Derroches, en que las presiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligan al poder judicial a perder objetividad y  emitir fallos ilegales para levantar las suspensiones a la construcción de Santa Lucía.

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Colectivos como No Más Derroches y la  Coparmex, denuncian la existencia de inconsistencias, irregularidades e indicios que apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “están siendo objeto de presión por el Gobierno Federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos mismos como por distintos jueces de distrito”.

Esta semana el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Eduardo Medina Mora, fue presionado para que renunciara a su cargo, tras acusarlo de delitos fiscales y congelar las  cuentas bancarias de él y su familia.

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“Hasta el momento no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social para poder hacer un proyecto en Santa Lucía, de acuerdo a lo establecido en la Ley”, advirtió el Colectivo No Más Derroches.

“A pesar de que la Ley de Amparo indica claramente que cuando se presenta impedimento fundado contra dos o más magistrados éste debe resolverse por otro Tribunal Colegiado –dado que no se puede ser juez y parte en un tema tan delicado como el planteamiento de la pérdida de imparcialidad– los mismos magistrados sujetos del impedimento, se tomaron la libertad de resolver ellos mismos el asunto y desecharon el recurso.

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“Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó recusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones –Magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo– y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso Tribunal Colegiado, como lo marca la Ley de Amparo”, dice No más Derroches.

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