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Santa Lucía vuela sobre la ley y sin posibilidades de amortización

0 de octubre de 2019/Efraín Klériga/MXpress. -El aeropuerto de Santa Lucía no puede ser construido y mucho menos operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y tampoco puede iniciarse porque todavía ha juicios de Amparo que lo impiden, declaró la Coparmex.

Además, debido al enorme gasto que incluyó más de siete mil millones de dólares para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sumado a los al menos seis mil millones de dólares que costará la obra, hará que se deban generar  al menos mil millones de dólares anuales de ingresos de aeropuerto, para que se pueda amortizar la obra en 20 años.

Se estima que al monto actual de la Tarifa Única Aeroportuaria, entre ambos aeropuertos ya funcionando se podría generar un máximo de 400 millones de dólares, por lo cual los restantes 600 millones de dólares, deben salir del presupuesto, y esto si el costo de la obra no se eleva.

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El plan para dos pistas en Santa Lucía, incluye modernizar el actual viejo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el de Toluca, e introducir más aparatos para controlar los vuelos, que irán no a uno sino dos aeropuertos, lo que complica la operación.

Pero para iniciar la obra faltan escollos por vencer, como terminar todos los juicios de Amparo que están en curso, pues estos no terminaron al negarse la suspensión definitiva.

“A pesar de que ya no hay órdenes judiciales que prohíban al Gobierno Federal iniciar las obras, los juicios de amparo continúan y se seguirán litigando hasta que concluyan de manera definitiva todos los expedientes”, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Otro escollo no superado, dice Coparmex, es que El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. “La SEDENA evidentemente no cumple con este requisito”.

Costará mil 762 pesos a cada mexicano construir las dos pistas en Santa Lucía

Además no existe un análisis costo-beneficio, cuestión indispensable en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tampoco  existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado.

“Aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie. La empresa NAVBLUE SAS no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal”, dice Coparmex-

Tampoco  se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,  en la Autorización de Impacto Ambiental y “no se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social.

“Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez.

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