Apoya AMLO intento golpista de Evo desde México y aísla políticamente al país

20 de noviembre de 2019/Efraín Klériga/MXpress. –Al permitir que Evo Morales Ayma lidere desde México y valiéndose de la protección que se le ha otorgado, un movimiento de sedición contra el gobierno actual de Bolivia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiente  actos en contra de la seguridad nacional, contra la Constitución y contra de tratados internacionales, por lo cual incurre en delitos penales graves incluso a escala internacional.

Los delitos cometidos por el desacato a las leyes mexicanas y a tratados internacionales pueden configurar para AMLO y su Gabinete el delito de Traición a la Patria, sedición, motín, tráfico de armas y los que les resulten por las lesiones a personas y sus propiedades en Bolivia, que puede configurar, crímenes de guerra y delitos lesa humanidad.

Aunque según el presidente López, al permitir a Morales actuar en conferencias de prensa  y realizar sus actividades, “Entonces, actuamos de conformidad con nuestra Constitución y de conformidad con el derecho internacional. Y ya lo demás tiene que ver con las posturas políticas, ideológicas que se tienen, pero no vamos nosotros a meternos en esta polémica”, dijo el lunes desde su púlpito mañanero.

El lunes el gobierno autoproclamado de Jeanine Añez, hizo circular un vídeo en donde uno de los líderes fieles a Evo Morales habla por teléfono con exdictador, de lo desprende inicia actos de sedición o levantamiento contra el gobierno con el fin de derrocarlo y que puede derivar en muertes, lesiones y daños contra ciudadanos de aquel país.

Mientras,  el diputado boliviano Rafael Quispe,  presentó ante el Ministerio Público de Bolivia una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, entre otros.

Al no denunciar los senadores mexicanos el  uso faccioso que da al asilo de Morales Ayma, y exigir retirar el asilo porque “I. Que ha cometido un delito contra la paz, (..) II. Que ha cometido fuera del territorio nacional un delito calificado como grave  (y que) III. Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas”, el Senado Mexicano está coludido.

La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, dice en su artículo  52: “Si hay razones fundadas para considerar que el solicitante, refugiado, o extranjero que reciba protección complementaria, pone en riesgo la seguridad nacional, o bien, si habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad, podrá ser expulsado o devuelto a otro país”

Entre los deberes que le exige al Presidente el Artículo 88 de la Constitución, en el párrafo  X se obliga a conducir la política internacional: “El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Estos preceptos, excepto la parte que lo obliga a “la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, son el pretexto por el cual López Obrador no ha querido reconocer el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, pero ahora los deja de lado para proteger a Morales Ayma, con lo cual comete un desacato a la Constitución.

Al ser considerado grave el delito de sedición en México, López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el canciller, Marcelo Ebrard, se están convirtiendo en cómplices de este delito, están interviniendo en asuntos internos de Bolivia e incluso hay la sospecha de que están permitiendo a Evo Morales la compra de armas para que se envíen a Bolivia.

El Código Penal Federal considera que cometen el delito de sedición: (Art. 130) Artículo 130 (…)” A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.”

La no intervención de la Secretaría de Gobernación para evitar que desde México y valiéndose de las telecomunicaciones que el pueblo de México le subsidiada a Evo Morales Ayma, cometa actos de sedición que pueden derivar en daños a personas y sus propiedades en Bolivia, el Gobierno Mexicano se ha implicado en intervencionismo político y será cómplice de los delitos que se cometan, incluidos “crímenes lesa humanidad”.

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