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Reforma judicial de AMLO o el último escalón hacia la dictadura 4T

López pretende una reforma judicial en la que baste la simple sospecha para presumir su culpabilidad de un ciudadano, detenerlo, arraigarlo, congelar cuentas, decomisar sus bienes y encarcelarlo hasta que pruebe su inocencia.

5 de febrero de 2020/Efraín Klériga/MXpress. -Con el pretexto de evitar que los jueces liberen a delincuentes por fallas en la acusación o detención, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta que cualquier presentado como sospechoso de un delito sea considerado culpable, hasta que el detenido no pruebe lo contrario.

La orden de prisión preventiva a Rosario Robles basada en una licencia de manejar falsa presentada por la fiscalía y aceptada como válida por el juez, es una tibia muestra de lo que pretende la Cuarta Transformación para poder desatar una represión.

La prisa con que López actúa deriva de que su popularidad cae rápidamente y que es presumible que en 2021 pierdan la mayoría legislativa, por lo que quiere acabar con políticos, empresarios, académicos y periodistas que denuncian sus excesos, tontería, critican sus planes fallidos, la ineficacia de su gobierno y,  lo divulgan

La reforma de López Obrador solamente puede ser comparada con las leyes que en su momento hicieron valer dictadores como Anastasio Somoza o Rafael Leónidas Trujillo Molina, y por supuesto requieren que se reforme al Artículo primero de la Constitución para que los Tratados Internacionales, como la Declaración de los Derechos del Hombre, no tengan jerarquía constitucional.

La propuesta cambiaría la actual “presunción de inocencia” que tiene toda persona hasta que no haya una sentencia definitiva en su contra, por  la «presunción de responsabilidad», que implicaría que todo detenido es  responsable del o los delitos por los que le acusa el ministerio público a menos que presente pruebas en descargo de inmediato.

La reforma que presumiblemente intenta acabar con lo que la prensa amarillista ha denominado “puerta giratoria” y que deriva de la ineficacia policías para realizar una detención legal y de los agentes del ministerio público para presentar una acusación debidamente fundada, esconde en realidad el último escalón que López necesita para iniciar la represión en contra de la otra mitad en México a la que él denomina “adversarios”.

La propuesta de López Obrador incoada por el dirigente de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, un político que pasó de la pobreza a la riqueza sin haber tenido nunca un empleo fuera de la esfera gubernamental, pretende que pruebas obtenidas en forma ilegal sean consideradas “admisibles” dentro de un proceso.

Para regresar la figura del  arraigo por 40 días, ya declarado inconstitucional, y abrogar la percepción de inocencia, se pretende modificar 14 artículos de la Constitución, varios más de los códigos penal y de procedimientos, y leyes afines, para que sea posible detener a cualquier persona, arraigarla, congelar sus cuentas bancarias, decomisar sus bienes y fabricarle pruebas  y hacer que la propia declaración obtenida por presiones se considere incriminatoria.

la fiscalía podría pedir que sospechosos de delincuencia organizada, sospechosos según un fiscal, sean detenido de inmediato sin que exista aún una carpeta de investigación completa para probar la acusación y considerar legar la detención legal y arraigo por  40 días.

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El arraigo puede ser antes que los fiscales recopilen evidencia incriminatoria, y esta evidencia puede ser obtenida mediante tortura al acusado o a los testigos o, por declaraciones de testigos protegidos o grabaciones, estados de cuenta o cualquier documento, sin probar que fue obtenido legalmente.

También pretende López que haya tribunales inquisidores  en los cuales se pueda juzgar por presuntos actos de corrupción a jueces y magistrados federales con la sola acusación de una fiscalía, con lo que se podría presionar a cualquier juez que se niegue a dictar prisión contra un adversario del régimen.

La propuesta redactada, entre otros, por el hijo de Julio Scherer, un periodista disidente y factor en la libertad de expresión en México, pretende que los jueces actúen  dentro de un sistema inquisitivo en el que no existan  jueces que califiquen la legalidad de la detención, la evaluación de la evidencia previa al juicio, y que dentro de un proceso un juez pueda ser removido por una sospecha de corrupción.

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