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Para rifar avión cadena de cohecho, recursos ilícitos y peculado

En su terquedad de no usar un avión que es propiedad de la Nación, López Obrador ha mostrado que la ley le importa poco cuando se trata de salirse con la suya, y ya acumuló delitos para destituirlo y procesarlo, junto a otros funcionarios.

13 de febrero de 2020/Efraín Klériga/MXpress. -La entrega del Fiscal general de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador, de dos mil millones de pesos de dinero devuelto por un proveedor que cobró en exceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulta en  peculado para el primero y uso de recursos de procedencia ilícita por parte del segundo.

Y lo pero del caso es que el avión TP01 José María Morelos y Pavón es un señuelo, porque los premios serán en efectivo y el avión se quedará en el Gobierno.

Según el Fiscal Gertz Manero: “Gracias a una denuncia presentada por el Gobierno de la República, a través de la Consejería, iniciamos una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de bienes. Le estamos entregando al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dos mil millones de pesos de un solo caso”, declaró el pasado 10 de febrero.

Aunque López presidente el organismo de nombre ridículo: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para disponer de un bien que le sea entregado debe mediar una sentencia judicial, verificar que no se trata de dinero ilícito y los recursos deben ingresa a las subcuentas específicas, para que el Instituto los entregue a “ quien tenga derecho a recibirlos, en los plazos que al efecto convenga con la Entidad Transferente o con la Tesorería de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables”

El articulo 234 de la Ley de Extinción de Dominio dice que “el valor de realización de los Bienes, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios cuya extinción de dominio haya sido declarada mediante sentencia ejecutoriada, se destinará (…) I. La reparación del daño causado a las víctimas de los delitos a que se refiere el presente ordenamiento, en términos de la Ley General de Víctimas…”.

Al recibir el dinero el presidente como titular del el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado está obligado a verificar de donde proviene y de inmediato depositar estos bienes en las cuentas o subcuentas del Instituto, desde donde debe otorgarse a las víctimas, en este caso el Infonavit.

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La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional prevé que la Fiscval´+ia general de la República entregue bienes o dinero asegurado o confiscado al el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado sustituya al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Infonavit es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, no una dependencia administrada por el Jefe del Ejecutivo Federal y el patrimonio que tenga o reciba es propiedad del instituto y de los trabajadores que ahorran en este organismo.

Según el  Artículo 5° la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, “- El patrimonio del Instituto se integra(…)III.- Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas;IV.- Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título,

Ni el Presidente ni la FGR ni el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado pueden hacer uso libremente de bienes antes de hacer la entrega de los mismos a quienes sean víctimas de un delito y en caso de no existir, podrán apropiarse de él  y posteriormente en sesión determinar el uso de los bienes.

El artículo 223 del Código Penal Federal dice que: “Comete el delito de peculado(…) I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular (…)

El artículo 400 Bis del mismo Código dice que: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

Igualmente a quien: II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

La extorsión y el cohecho

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El artículo 222 del Código Penal Federal dice que: Cometen el delito de cohecho :I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

(…)  La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

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