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Importante Opinión

Sentencia de SCJN  a bonillazo esfuma  sueños de reelección de AMLO

Te castigo, Jaime, para que me entiendas, “Ambicioso Vulgar”, parece haber dicho el Pleno de la Suprema Corte   

Sábado 16 de mayo de 2020/Efraín Kleriga/MXpress. –El Pleno de la Suprema Corte de Justicia envío un mensaje a todos los “ambiciosos vulgares”, que intenten utilizar  herramientas legales y constitucionales para burlar la Constitución y atentar contra el derecho al voto, y anuló la Ley Bonilla de Baja California.

El fallo del  Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso muy alta la frontera para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda utilizar su mayoría en la Cámara de Diputados para alargar su periodo.

Aunque López Obrador ha reiterado que: “No me voy a reelegir, no soy un ambicioso vulgar”, fue él quien el 15 de marzo de 2019  inventó las presuntas pláticas que hablan “de que estoy pensando en reelegirme”: “No soy un ambicioso vulgar, voy a servir si lo decid el pueblo, seis años. A finales de 2024 termino mi mandato, atentamente ‘ya saben quién”, dijo López.

A él ya para entonces Gobernador Electo, Jaime Bonilla, cuyo único logro político para ser candidato de Morena y posteriormente Gobernador, es el de ser amigo cercano del Presidente, lideró  el 16 de julio de 2019, una sesión nocturna, en la cual la mayoría panista del Congreso de Baja California aprobó una enmienda a la Constitución local para que pudiera alagara el periodo a cinco años.

Hay muchas versiones de que los diputados fueron sobornados aprobar la modificación, la cual estuvo llena de vicios de origen, y según el excandidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, “se especula que se pudo dar un millón de dólares por voto a favor”.

Martínez Veloz inició una querella ante la Fiscalía General de la Republica, en contra de los diputados bonillistas, en la que se perfilan delitos como coalición de funcionarios, fraude a la ley, uso de recursos ilícitos, y soborno, los cuales no se sabe que hasta la fecha tengan una carpeta de investigación, como pasa con los 137 asesinatos por negligencia en Tlahuelilpan, Hidalgo.

También ha sido el mismo López Obrador quien ha asegurado en más de una ocasión que hay intentos para fraguar un Golpe de Estado en su contra, por segunda vez, el 2 de noviembre, hecho que como la gran mayoría de la imputaciones de López, no ha sido probado.

La SCJN en sesión del Pleno por vía digital  el lunes 11 de mayo de 2020, resolvió por unanimidad que es inconstitucional el Decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se amplió el periodo del Gobernador electo en esa entidad en 2019, de dos a cinco años.

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Foto de archivo

Los 11 ministros coincidieron que la llamada Ley Bonilla, pasó encima de “diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los Estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes”

El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fue especialmente duro: Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso del Estado de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco.

“Esto constituye un fraude a la Constitución en sentido técnico, pues simulando actuar en uso de sus competencias, la legislatura en realidad pretendió burlar la voluntad popular. El Congreso local violó el período de veda electoral, el principio de elecciones libres, periódicas y auténticas, el derecho a votar y ser votado, el principio de no reelección y el de irretroactividad de las leyes. Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo el Ministro Zaldívar.

Las Ministras y los Ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante éste; por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato.

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