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Fustiga Corte por ilegal, Consulta para enjuiciar a expresidentes

La consulta popular solicitada se considera inconstitucional porque llevaría a condicionar el ejercicio y protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías

Jueves  24 de septiembre de 2020 /Efraín Kleriga/MXPress. -El proyecto que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este jueves para calificar la procedencia de la Consulta Popular respecto a investigar y enjuiciar a expresidentes, señala que la materia no es válida constitucionalmente.

“No está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento”, concluye el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales.

El Proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular 1/2020, será discutido en la sesión de 1 de octubre.

La solicitud presentada por Andrés Manuel López Obrador, l primera presentada por un presidente de la República desde que fue reformada la Ley de Consulta Popular, señala que ésta válida únicamente para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático mexicano.

Aguilar Morales, quien ya presidió al Tribunal Constitucional, opina de la consulta popular incoada por López, “en los términos ahora planteados podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso legal que debe regir en todo Estado constitucional y democrático de Derecho”.

Proyecto del Ministro Luis María Aguilar

Según la petición de López para realizar una consulta popular, no había violación a los derechos humanos al pedir una Consulta Popular que ataca la Presunción de inocencia de las personas, las somete a un proceso legal constitucionalmente indebido.

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Las autoridades del Estado mexicano no deben someter al juicio popular su obligación de denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona.

Aguilar Morales, considera que “la consulta popular solicitada implica — además de la posible restricción de los derechos humanos y sus garantías— una forma de romper con los principios de seguridad jurídica y el debido proceso de las personas, y afecta el Estado Derecho, creando incluso un escenario de falta de igualdad ante otras personas”.

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