Nadie lo quiere creer pero en México se funda un narcoestado

Romper la coordinación antidrogas con EUA, propiciar el lavado de dinero, y darle a los delincuentes un respeto que no tiene para la oposición, los empresarios o la prensa, muestran que López Obrador funda una narcodictadura.

Domingo 13 de diciembre de 2020 /Efraín Kleriga/MXPress. –A los analistas financieros les cuesta trabajo creer que dos leyes impulsadas la semana pasada estén conectadas entre sí, pese a que ambas facilitarán la operación del narcotráfico y el lavado de dinero en México.

Los “clásicos” aseguran que en política la forma es el fondo, al menos sí lo ha sido en política mexicana y la iniciativa de Ricardo Monreal que obligaría al Banco de México a recibir dólares en efectivo, aprobada mientras  en la Cámara de Diputados se reforma la Ley de Seguridad Nacional para limitar acciones de agentes de policías extranjeras en Mexico, con una dedicatoria clara para la DEA y  a la ATF, culpable del fallido operativo “Rápido y furioso, en septiembre de 2012.

Pero las “leyes” también forman parte de esa conducta las disculpas de Andrés Manuel López Obrador por decir Chapo a Joaquín Guzmán Loera; el saludo a la mamá del narcotraficante y la liberación de Ovidio Guzmán, hijo y nieto, respectivamente, de los mencionados.

Igualmente, su declaración de que no crearía violencia para combatir a la delincuencia organizada porque: «El fuego no se apaga con el fuego», e incluso el affaire en Oaxaca, en agosto de 2019, cuando dijo que el narco también es pueblo:

—No se dialoga con los agresores. Se garantiza un derecho inmediato. Manden al Ejército inmediatamente. No tenemos armas. Le dijo casi a gritos un ciudadano en Oaxaca.

—El Ejército no se usa para reprimir al pueblo.  respondió López Obrador.

—¡Carajo! ¿el narco es pueblo?. Cuestionó  el ciudadano

—Sí, es pueblo, todos son seres humanos. Afirmó López.

La acciones recientes, son la forma y el fondo, tales como no reconocer el triunfo de Joe Biden, concentrar la compra y aplicación de vacunas y anunciar que se pedirá dar la credencial de elector para vacunarse, el ahogo presupuestal para estados y municipios, no son partes sueltas sino un todo para acumular poder y tener fuentes para hacerse de dinero,.

La cuestionada Ley Monreal que lesiona la autonomía del Banco de México y que obliga al banco central a comprar los dólares en efectivo que no puedan ser repatriados por los bancos comerciales, y el acotar los pactos antidrogas con Estados Unidos, claramente son parte de un mismo script.

El anuncio  de abandonar  la Iniciativa Mérida ya estaba e agenda, surgió en mayo de 2019 cuando López dijo en una de sus homilías: “No queremos helicópteros artillados (…) “No queremos la llamada Iniciativa Mérida”, espetó, y como siempre, en una de sus homilías mañaneras.

Fue reiterada y en octubre  volvió a decirse poco después de que se ordenara la liberación de Ovidio Guzmán López, pero se frenó en noviembre cuando el presidente Donald Trump amago con calificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

«Los designaré, absolutamente. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, debe pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso», afirmó, Trump, el 26 de noviembre de 2019.

Pero en un momento en que hay vacíos de poder en el gobierno de Estados Unidos, cuando Trump pelea una causa perdida y Biden está más ocupado en tratar de lograr una transferencia gubernamental sana, y mientras, López se niega a felicitar y a Joe Biden y reconocer así, tácitamente, su triunfo, sus brazos legislativos comenzaron a moverse.

La Iniciativa Mérida que López reduce a un mecanismos de financiación de armas y equipo, va más allá y no se limita a tener en México agentes de la Administración contra las Drogas, o de la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

También, la Iniciativa Mérida destina fondos para el mejoramiento de las penitenciarías y su personal, para el adiestramiento de policías federales y estatales.

Sumado a las leyes que propician el lavado de dinero legal y rechazan la supervisión de Estados Unidos, al estatus de los miembros de la delincuencia organizada como pueblo, los insultos a políticos opositores.

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