No es novedad que el presidente cometa un delito para supeditar sus planes políticos sobre la vida y salud de los gobernados.

Viernes 22 de enero de 2021 /Efraín Kleriga/MXPress. -El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá convocar al Consejo de Salubridad General  para que sea el pleno de este cuerpo colegiado el que apruebe su plan de vacunación.

Por tanto las brigadas «correcaminos» y los coordinadores estatales son además de innecesarios,  ilegales.

Con la pandemia fuera de control y con un saldo rojo por el Covid de al menos 350 mil  fallecidos, López Obrador hace ver como una indulgencia y no su obligación, convocar a los gobiernos de estados y a la iniciativa privada a apoyar con las vacunas.

Este viernes López y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, afirmaron que serían “las Brigadas Correcaminos”, a las que se les entregarán los paquetes de vacunas, y las llevaran por las 17 rutas terrestres que se integraron para dar seguridad al movimiento de estas vacunas.

“Están integradas por los dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos de Sedena, Semar y Guardia Nacional, un enfermero, un médico y dos voluntarios”, dijo Sandoval, a quien le pareció obvio que 10 personas solamente dos fueran profesionales de salud entrenados para el manejo de vacunas.

La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de enero, no prevé el funcionamiento de “brigadas especiales”, y menos de “un Coordinador de las brigadas especiales, quien tendrá a su cargo la estrategia operativa que se implemente a nivel local”, lo cual es ilegal.

Es falso el argumento de la Secretaría de Salud de que “la vacunación contra la COVID-19 requiere una organización y coordinación de emergencia”, porque estos lineamiento ya están previstos en la Ley General de Salud que alude el decreto “en el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general”

El mismo artículo 134 de la Ley General de salud al que alude la  SSa, señala que debe ser el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones firmadas por México, las que decidan el plan de vacunación.

El artículo 135 de la LGS  dice: “La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República”.

La  instrumentación de brigadas, que decretó el pasado día 21, la Secretaría de Salud no están en apego a la Política Nacional de Vacunación, como ellos mismo dicen y el plan no está sancionado por el pleno del Consejo de Salubridad General, por lo que es ilegal.

El plan ordenado por el presidente López, dice que: “En cada una de las entidades federativas del país, será nombrado un Coordinador de las brigadas especiales, quien tendrá a su cargo la estrategia operativa que se implemente a nivel local”, lo que no está previsto en la Ley.

La ley dice que  la Secretaría de Salud: “definirá con la anuncia del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos “para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación”.

Para vacunarse no se requiere otro documento que la Cartilla Nacional de Vacunación y en su caso, la Cartilla Nacional de Salud, solicitar cualquier otro documento es ilegal

Artículo 157 Bis 9.- La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se lleva el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas.

Como en todos sus actos, López, trata de inventar lo que ya existe y no observa la ley, en este caso la Ley General de Salud, de donde se deriva el Consejo Nacional de Vacunación (Conava) que es una instancia permanente, porque antes de modificar su estructura debe sesionar y aprobarlo.

López no solamente ha anunciado unilateralmente un plan de vacunación, sino que le ha hecho creer a los mexicanos que es por gentileza de su gobierno que la aplicación de la vacuna será universal, es decir, para todos los ciudadanos.

El Artículo 408 de la Ley General de Salud, dice que en casos de epidemia grave deben vacunarse todas las personas expuestas al contagio que, en este caso son todos los mexicanos.

La LGS prevé en su artículo 140: “Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley”

López y en este caso el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell, incurren en Abuso de Autoridad, prevista en el  Artículo 215 del Código Penal Federal, que dice que:” “los servidores públicos que impidan la ejecución de una ley, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, comete el delito de Abuso de Autoridad”.

Y existe una resolución judicial

El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, emitió una resolución que ordena al gobierno federal modificar la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, porque  no se ajusta a los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.

Los protocolos los firmados por México con la Organización Panamericana de la Salud por México, es una de las convenciones firmadas por la Nación, a las que alude el último párrafo del Artículo 135 de la LGS.

Igualmente, al estructurar un plan de vacunación a su antojo, comete el delito de  Ejercicio ilícito de Servicio Público porque para ejercer el cargo de presidente del Conava, primero debe convocarlo, para pues no puede ejercer un cargo sin haber tomado posesión legítima.

Además, López, Alcocer y López-Gatell, incurren en el delito de coalición de funcionarios porque se han coligado “para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución”, por tales delitos deberían enfrentar la destitución inmediata de sus cargos y dos a siete años de prisión.

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2 comentarios en «Nuevos delitos de los López: imponer promotores del voto a vacunación»

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